Estos son algunos de los serios problemas institucionales, económicos y políticos que están aflorando en España.
Primero,
el sector público es hoy demasiado grande para poder ser financiado con
los ingresos fiscales procedentes de sus ciudadanos y empresas. Hay que
luchar contra la evasión fiscal, al estar el IRPF excesivamente
concentrado en los asalariados, pensionistas y autónomos y al ser la
evasión del IVA todavía muy elevada.
En 2008, antes de la recesión, 18,65 millones de personas declararon
por IRPF, pero solo 8.590 (el 0,046%) declararon ingresos superiores a
600.000 euros; 87.300 (el 0,47%) entre 150.000 y 600.000 euros y 677.000
(el 3,63%) entre 60.000 y 150.000 euros. Es decir, el 95,85% declaró
rentas inferiores a 60.000 euros y solo el 4,15% declaró rentas
superiores a 60.000 euros. En 2010, los declarantes de más de 600.000
euros cayeron a 5.189 y los de entre 150.000 y 600.000 euros a 67.744.
En 2012, la Comisión Europea ha estimado que la economía sumergida en
España alcanzaba el 19,2% del PIB y otras estimaciones llegan el 25%
del PIB. Esta contiene actividades productivas que evaden impuestos
directos e indirectos, Seguridad Social, salarios mínimos, etcétera,
contribuyendo a que nuestros ingresos por IVA sean el 5,4% del PIB
frente al 7% de media de la UE.
A la sumergida hay que añadirle la ilícita, compuesta por actividades
delictivas (terrorismo, contrabando de mujeres, niños, especies,
órganos, drogas y armas, blanqueo de dinero, prostitución, consumo de
drogas) financiadas con billetes en euros y dólares de alta
denominación, cuyos propietarios no pueden ser detectados por ser al
portador. Lamentablemente, en 2007, circulaban en España el 36% de todos
los billetes de 500 y 200 euros de la Eurozona, cuando nuestro peso
porcentual de su PIB total era del 11,9%.
Son los impuestos propios los que justifican una representación política y no al revés
Segundo, a esta corrupción privada hay que añadir la
política o pública, que afecta a aquellos políticos, gobernantes y
administradores públicos que abusan de su poder vendiendo bienes
públicos por debajo de su valor o dando concesiones administrativas por
encima de su valor, para obtener una ganancia privada o partidista.
El índice de percepción de la corrupción de Transparencia
Internacional (2012) clasifica a España en el puesto 30 detrás de Chipre
y de Botsuana y por delante de Portugal, cuando la gran mayoría de los
países de la Eurozona están entre los 22 primeros, salvo Italia (72).
Corrupción privada y pública atañen a la inspección fiscal, Policía,
Guardia Civil y también a la justicia, que siendo mayoritariamente
eficiente, es excesivamente lenta, haciendo que muchos delitos
prescriban antes de llegar a la Audiencia o al Supremo, incentivando a
muchos delincuentes extranjeros a residir en España.
Tercero, el sector público es grande y menos
eficiente que en otros países europeos al solaparse en cuatro niveles
distintos de Administraciones públicas y necesita cuanto antes una
profunda reorganización de sus niveles y competencias.
En 2010, el 40% de nuestros 47 millones de habitantes residía en 33
municipios de más de 100.000 habitantes, ocupando solo el 1% del
territorio nacional. El 52% vivía en 83 municipios de más de 50.000
habitantes y el 68% en 252 municipios de más de 20.000 habitantes, pero
existen 8.114 ayuntamientos. Siendo 168 ayuntamientos los que hacen
frente a la mayoría de las demandas económicas y sociales de los
ciudadanos, son las comunidades autónomas las que concentran el mayor
poder de gasto, y la Administración central quien concentra el mayor
poder de ingreso.
También en 2010, el mayor gasto del Estado lo hacían las autonomías
(35% del total y 16% del PIB), seguidas de la Seguridad Social (32% del
total y 14% del PIB), de la Administración central (20% del total y 9%
del PIB) y de los ayuntamientos (13% del total y 6% del PIB). El mayor
ingreso lo recaudaba la Administración central (37% del total y 13% del
PIB), seguida de la Seguridad Social (33% del total y 12% del PIB), las
autonomías (19% del total y 7% del PIB) y los ayuntamientos (11% del
total y 4% del PIB).
Patronales y sindicatos son en parte responsables de los desmesurados niveles de paro
Esta asignación territorial de ingresos y gastos debe modificarse
para que los servicios de las Administraciones públicas estén más cerca
de las demandas de los ciudadanos y para que cada Administración,
especialmente las autonómicas, intente mejorar sus propios ingresos
fiscales recaudándolos de sus propios ciudadanos, en lugar de vivir
solamente de las transferencias de la Administración central, sin
recaudar incluso impuestos cedidos. Son los impuestos los que justifican
una representación política y no al revés.
El número de empresas públicas, especialmente autonómicas y
municipales, es desproporcionado y mayoritariamente en pérdidas, siendo
algunas más un sistema de generación de nóminas y dietas, de colocación
de políticos y de captura de rentas que un medio eficaz de enfrentar
necesidades económicas. Han proliferado las televisiones autonómicas,
financieramente insostenibles, perdiendo 1.600 millones en 2011.
Cuarto, en los partidos políticos ha comenzado a
primar el interés partidista sobre el general. No han invertido recursos
suficientes para mejorar la excelencia en aquellos factores de
producción intangibles (educación, formación, investigación, desarrollo,
innovación y tecnología) que generan ya la mayoría del crecimiento de
las economías avanzadas. Muchos Gobiernos autónomos y locales han
primado la inversión en bienes tangibles, como suelo, construcción y
vivienda, porque, entre otras razones, podían llegar a generar una
apropiación de rentas al ser contratadas o conceder sus permisos.
Durante más de dos siglos, las cajas de ahorro han sido fundamentales
para financiar el desarrollo local, provincial y regional español,
mientras sus obras sociales aportaban servicios públicos necesarios. La
Ley de Órganos Rectores de las Cajas de 1985 intentó “democratizar” sus
órganos de gobierno, obligando a que en sus asambleas estuviesen
presentes representantes de corporaciones municipales y provinciales,
impositores, empleados y la corporación fundadora. Finalmente, la
mayoría de miembros de sus asambleas, consejos y obras sociales han
terminado siendo políticos y representantes sindicales.
El resultado final es que de 46 cajas existentes en 2009, hoy solo
quedan 11 bancos de cajas, 3 de ellos nacionalizados agrupando 12 cajas,
y 2 cajas pequeñas. Excluyendo aquellas Cajas cuyos directores
rechazaron determinados deseos de sus presidentes y consejos (logrando
mantenerse en sus puestos) muchas han terminado quebrando, siendo
fusionadas o compradas. Durante la burbuja, las cajas aumentaron un 25%
sus sucursales y un 27% su personal, mientras los bancos los reducían en
un 5%.
Quinto, en los interlocutores sociales, patronales y
sindicatos, parte fundamental de la sociedad civil, también prima su
interés corporativo. Han sido, en buena parte, responsables de nuestros
desmesurados niveles de paro, al no ponerse de acuerdo, oponerse o
impedir varias reformas laborales. España es líder de la UE con 6.000
convenios colectivos, mayoritariamente provinciales que, hasta la
reciente reforma laboral, han provocado cierres masivos de pymes en cada
recesión.
En lugar de organizarse a nivel sectorial y nacional, como en la
mayoría de la UE, lo están también a nivel regional y provincial e
incluso local, creando organizaciones excesivamente grandes y costosas
para su actividad real. Además, cada uno recibe cientos de millones de
euros anuales de subvenciones procedentes de la cuota de Formación
Profesional y del Fondo Social Europeo, para facilitar la formación
profesional continua.
A pesar de recibir elevadas subvenciones públicas, los sindicatos no
publican todavía cuentas auditadas por auditores independientes y la
CEOE por vez primera ha publicado este año las de 2011. En 2001, una
inspección del FORCEM por el Fondo Social Europeo mostró que una parte
de sus subvenciones no había sido invertida en formación profesional
continua, exigiendo su devolución.
Para cambiar cuanto antes el rumbo de estas graves y nocivas
tendencias, la débil sociedad civil española debe reorganizarse y los
dos grandes partidos políticos deben promover, conjuntamente, cambios
legislativos y constitucionales.